Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la existencia de “informes sobre tortura y malos tratos” policiales en España y por la situación que afrontan los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el país. El informe de la organización referido a 2006, destaca que “siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en una situación acompañada “en muchos casos de impunidad”. Entre los ejemplos que ha incluido la organización se encentra el ‘caso Roquetas’.
Esta circunstancia se ha visto agravada “por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes”, dice AI, que se remite a un estudio publicado por SOS Racismo, según el cual en uno de cada tres casos de violencia racista en España “los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley”.
Amnistía recuerda en su informe anual que España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, pero que “a pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU (…) por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato”. En concreto, cita “la detención en régimen de incomunicación”.
El capítulo más extenso es el que lleva el epígrafe ‘Migración y asilo’, en el que la ONG denuncia que en 2006 “se siguieron dictando órdenes de expulsión contra inmigrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación”.
La organización se apoya en los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que indican que en los primeros meses del año se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.
El informe recoge el cambio en las rutas migratorias hacia España y la llegada durante el pasado año de más de 31.000 solicitantes de asilos e inmigrantes indocumentados africanos a las islas Canarias.
Malas condiciones de los centros
Amnistía indica que el “uso de centros de recepción improvisados para alojarlos y el hacinamiento extremo agravó las malas condiciones de los centros ya existentes” y que los derechos fundamentales de los menores llegados se vieron amenazados al verse superada la capacidad de acogida de las islas.
A consecuencia de esta oleada migratoria, “los procedimientos de determinación de los casos de asilo (…) se vieron sometidos a presión extrema” y se agudizó el problema del “acceso restringido a la asistencia letrada y a los servicios de interpretación”.
La consecuencia, se afirma en el informe, es que se produjeron “procesos acelerados de devolución”, sin que se tuviera en cuenta el derecho fundamental de toda persona “a solicitar asilo, a abandonar su país y a no ser devuelta a ningún país donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos”. AI llama la atención sobre la investigación de la muerte de al menos 13 inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla en 2005, que aún no ha permitido “identificar ni castigar a los responsables”.
Alude también a lo ocurrido en julio de 2006, cuando tres inmigrantes más murieron al intentar cruzar la frontera de Melilla, después de que la policía española disparara balas de goma a modo de aviso y las fuerzas marroquíes utilizaran munición real.
AI señala que “tres días más tarde, el Gobierno (español) aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para medidas de control de la frontera sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos ni pedir explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera en 2005 y 2006″.
Sin garantías jurídicas
Mientras, se enviaron inmigrantes de regreso a Marruecos cuando se podía demostrar su procedencia, en virtud de un acuerdo sobre devoluciones ya existentes, pese a que “las garantías jurídicas y de protección pedidas en estos casos eran insuficientes, por lo que las personas devueltas quedaban expuestas a sufrir malos tratos”.
Sobre la violencia de género, AI habla de “un problema grave”, con 86 mujeres muertas en 2006 a consecuencia de la violencia en el ámbito familiar, 68 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas.
Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género en 2005 las denuncias de este tipo de delitos aumentaron un 18%, pero “los nuevos tribunales dedicados a instruir tales causas no tenían recursos suficientes” para ocuparse de ellas.
Considera AI que “los programas de rehabilitación de individuos declarados culpables de violencia doméstica eran insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que había más de 1.700 maltratadores convictos en espera de recibir plaza en alguno de ellos”.
